El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva etapa de tensión política y económica tras la suspensión provisional del decreto que fijaba un histórico aumento del salario mínimo para 2026, que inicialmente había sido decretado en 23,7 % (equivalente a cerca de 2 millones de pesos mensuales con auxilio de transporte).
La decisión emitida por el Consejo de Estado, máxima autoridad administrativa del país, determinó que la fórmula técnica y los argumentos legales presentados en el decreto original no se ajustan plenamente a los criterios jurídicos exigidos, por lo que ordenó al Ejecutivo expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días mientras se resuelve de fondo la demanda en su contra.
Lejos de aceptar una rebaja en la propuesta, el Gobierno ha anunciado que no descarta aumentar todavía más el salario mínimo, superando incluso el 23,7 % inicial, con el argumento de aplicar plenamente el principio constitucional de salario vital y móvil y cerrar la brecha entre productividad, ingreso real y costo de vida.
En su alocución pública más reciente, Petro afirmó que respetará la medida cautelar del Consejo de Estado, pero defenderá el concepto de “salario vital” y convocó a movilizaciones ciudadanas en plazas públicas en respaldo del incremento mientras el país avanza en la definición del nuevo decreto.
La controversia ha despertado un intenso debate entre economistas, empresarios, sindicatos y sectores políticos, en un contexto en que el salario mínimo se ha convertido en el centro de la agenda económica y electoral del país.