La Corte Constitucional ha resuelto la duda sobre si la Fiscalía o la Justicia Penal Militar deben investigar el caso de la masacre en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguizamo (Putumayo), en marzo de 2022.
La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad penal, es competente para investigar casos de posibles graves violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, incluso cuando los delitos investigados tengan relación con el servicio.
En un caso reciente, la Fiscalía estaba lista para imputar a 25 militares por homicidio en persona protegida, tras un supuesto operativo contra el narcotráfico en el que se habrían cometido asesinatos y manipulación de la escena del crimen. A pesar de intentos de llevar el caso a la Justicia Penal Militar, la Corte Constitucional determinó que la Jurisdicción Ordinaria es la competente para llevar a cabo la investigación.
Paralelo a ello, la Procuraduría tiene abierta una investigación disciplinaria contra varios oficiales del Ejército, por las irregularidades dentro del operativo.
La investigación de la Entidad incluyó al brigadier general, Walther Adrián Giraldo Jiménez, al coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza, y los cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.
