Una nueva alerta sacude el panorama político colombiano a pocos meses de las elecciones presidenciales. El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció públicamente un presunto plan del ELN para atentar contra la vida de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, encendiendo las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.
La advertencia fue difundida a través de redes sociales, donde Uribe afirmó haber recibido información de “interlocutores” del grupo armado. Según su denuncia, el supuesto plan estaría liderado por dos de los máximos cabecillas del ELN, alias “Pablito” y Antonio García, quienes, según el exmandatario, serían “los responsables directos de un intento de magnicidio” contra la dirigente del Centro Democrático.
El señalamiento no solo tiene implicaciones en materia de seguridad, sino que también añade un fuerte componente político. Uribe aseguró que, dentro de la información recibida, existirían directrices para incidir en el escenario electoral, lo que intensifica la polarización en medio de una campaña ya marcada por tensiones y confrontaciones ideológicas.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la veracidad de esta información, pero la denuncia se suma a una serie de hechos recientes que han elevado la preocupación por la integridad de los candidatos. Días atrás, ya se habían reportado amenazas contra Valencia, incluyendo la circulación de imágenes con mensajes intimidantes y símbolos fúnebres en redes sociales.
El contexto no es menor. La campaña electoral de 2026 ha estado atravesada por episodios de violencia política y alertas de posibles atentados contra figuras públicas, lo que revive el temor a escenarios de magnicidio en Colombia. Incluso sectores internacionales han manifestado preocupación por la seguridad de los candidatos en medio del proceso democrático.
En paralelo, el propio presidente Gustavo Petro ha señalado que existen reportes de inteligencia sobre posibles atentados contra otros líderes políticos, lo que refleja un clima de alta tensión en la recta decisiva hacia las elecciones.
Por ahora, la principal exigencia desde distintos sectores es el fortalecimiento inmediato de los esquemas de protección y una respuesta clara por parte del Estado frente a estas denuncias. La seguridad de los candidatos no solo es un asunto individual, sino una condición esencial para garantizar la democracia.
En medio de este escenario, el país vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿están dadas las garantías reales para una contienda electoral segura?