En medio de una reunión que en teoría debía centrarse en cifras, avances y resultados de la reforma agraria, la escena cambió abruptamente. No fue un informe técnico lo que marcó el momento, sino una advertencia directa, inesperada y contundente del presidente Gustavo Petro, que dejó en silencio a todo el gabinete:
“A usted lo estaban amenazando… de muerte”, le dijo públicamente al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, en pleno Consejo de Ministros.
La respuesta fue igual de clara, y quizá más inquietante:
“Así es, presidente”, confirmó el funcionario.
Lo que parecía una intervención más dentro de una agenda institucional terminó revelando un trasfondo mucho más profundo: las amenazas estarían directamente relacionadas con la recuperación de tierras en el Magdalena Medio, una de las zonas más sensibles del país en materia de conflicto, propiedad rural y presencia de estructuras ilegales.
Según explicó el propio mandatario, detrás de estas intimidaciones estaría un hombre identificado como Federico Almanza, señalado como presunto testaferro de una estructura conocida como el “cartel de las marionetas”, organización vinculada a redes de corrupción y control ilegal de bienes.
Pero lo realmente grave no es solo el nombre, sino lo que representa: una disputa directa por la tierra en Colombia, un tema que históricamente ha estado ligado a violencia, desplazamiento y poder económico.
Petro fue más allá y lanzó una frase que resume la dimensión del problema:
“Quieren matar al director de la Agencia Nacional de Tierras… porque la mafia quiere tomarse los terrenos”.
Esa afirmación no es menor. Según el Gobierno, los predios en disputa hacen parte de procesos de extinción de dominio y recuperación para la reforma agraria, es decir, tierras que habrían sido arrebatadas al crimen o al narcotráfico y que ahora están destinadas a campesinos.
En otras palabras, lo que está en juego no es solo la vida de un funcionario, sino el control sobre miles de hectáreas y el rumbo de una de las políticas más ambiciosas del actual gobierno.
De hecho, durante la misma intervención, el presidente ordenó de manera directa al ministro de Defensa tomar medidas:
“El ministro de Defensa tome nota”, dijo, mientras insistía en la necesidad de crear una unidad especial para proteger tanto a funcionarios como a campesinos beneficiarios de la reforma agraria.
Y aquí aparece otro punto clave que muchas veces pasa desapercibido en medio del titular: la seguridad del campesinado.
Porque si el director de la entidad está siendo amenazado, la pregunta que surge —y que el mismo presidente planteó— es inevitable:
¿qué está pasando con quienes están recibiendo esas tierras en regiones donde históricamente han operado mafias?
El propio Petro lo advirtió sin rodeos:
“Todo el campesinado… tiene que ser cuidado”, alertando sobre una posible ofensiva para recuperar esos bienes por parte de estructuras ilegales.
Este episodio también revive un debate estructural en Colombia: la tierra no es solo un recurso, es poder. Y cada intento por redistribuirla ha generado tensiones que, en muchos casos, terminan en amenazas, desplazamientos o violencia.
Además, no es un dato menor que Felipe Harman no solo es funcionario, sino también una figura política reconocida, exalcalde de Villavicencio, lo que agrega un componente político a la situación.
Mientras tanto, las autoridades deberán establecer el nivel real de riesgo, identificar responsables y garantizar la protección no solo del funcionario, sino del proceso que lidera. Porque si algo deja claro este caso es que la reforma agraria, lejos de ser un trámite administrativo, se está desarrollando en medio de presiones reales y peligros concretos.
Y en medio de todo esto, hay una pregunta que no puede quedarse fuera del debate público:
¿Está el Estado preparado para proteger a quienes están ejecutando —y recibiendo— la reforma agraria en Colombia?
Porque si las amenazas escalan, no solo se pone en riesgo una vida, sino un proceso que busca transformar el campo colombiano.
¿Cree que la reforma agraria está enfrentando resistencia de estructuras ilegales?
¿El Gobierno está haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad en estos procesos?