El día de ayer la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) hizo oficial la imputación de cargos relacionados con desapariciones forzadas, falsos positivos, entre otros delitos de lesa humanidad, a más de 30 militares y exmilitares del Ejército Nacional, lo que quiere decir que se iniciará una investigación en su contra en relación a estos hechos.
Dichas operaciones fueron presuntamente realizadas principalmente en el Meta, siendo 20 de los acusados exmiembros del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas, ubicado en Granada, 7 más antiguos integrantes del Gaula Rural Meta, y los tres restantes siendo los brigadieres generales (R) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, y por último el mayor general (R) Carlos Eduardo Ávila Beltrán.
Se les acusa de ser responsables directos e indirectos de más de 209 asesinatos en el departamento del Meta entre el 2002 y el 2007; «pese a tener medidas razonables a su alcance, incumplieron su deber de proteger a la población civil y de ejercer control efectivo sobre sus subordinados, lo que facilitó la consolidación de los patrones macrocriminales identificados en el subcaso», declaró la JEP.
También se descartó la culpabilidad del batallón de contraguerrillas No. 7, ya que no se encontró suficiente evidencia para declarar el hallazgo de un patrón criminal, y el comando aéreo de combate No. 2 de la Fuerza Aérea, pues, aunque sí se demostró que pudieron estar relacionados con algunos de los escenarios, se puntualizó que «no se encontraron pruebas de que conocieran o participaran dolosamente en estos crímenes, y se considera plausible que pudieran haber sido manipulados por integrantes del BIVAR para dar apariencia de legalidad a los hechos».
Los acusados cuentan con dos opciones; pueden aceptar su responsabilidad y colaborar en el proceso con la JEP, recibiendo una condena que podría llegar en promedio a los 8 años.
De no ser así, su segunda opción es negar su responsabilidad en los hechos, lo que llevaría a un juicio adversarial, lo que es un proceso bastante más extenso y puede llevar a más de 20 años de sentencia.
La JEP sigue desempeñando su misión de obtener justicia para todos aquellos que se vieron afectados por las acciones ilegales en el marco del conflicto armado, sin dar inmunidades por títulos a quienes sean encontrados culpables.
CONTENIDO ACREDITADO A: CARACOL TELEVISIÓN