La Contraloría General de la República hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte medidas eficaces y definitivas que solucionen la crisis en la vía al Llano.
La advertencia se emitió luego del derrumbe de gran magnitud ocurrido en el kilómetro 18 de la carretera Bogotá–Villavicencio, que mantiene bloqueado el tránsito desde principios de septiembre de 2025. El desprendimiento movilizó más de 200.000 metros cúbicos de tierra y rocas, dificultando las labores de remoción. Además, la montaña continúa deslizándose, lo que agrava el riesgo para los trabajadores y retrasa las obras.
El cierre prolongado ha ocasionado pérdidas económicas multimillonarias para los Llanos Orientales. Se calcula que las pérdidas diarias rondan los 60.000 millones de pesos, afectando seriamente a sectores como el comercio, la ganadería, la palma de aceite y el arroz. A esto se suma un incremento del 200% en los tiquetes aéreos y la escasez o encarecimiento de productos agrícolas por las dificultades de transporte.
La situación ha generado represamientos de hasta 16 horas y el cierre de numerosos establecimientos comerciales. Ante este panorama, la Contraloría insiste en la necesidad de crear una nueva concesión que atienda los puntos más críticos entre Bogotá y Cáqueza, señalando que los 9.134 millones de pesos asignados por el Gobierno para atender la emergencia son insuficientes para resolver el problema estructural.
El ente de control recordó además que, en auditorías previas, ya había advertido que los riesgos de deslizamientos no fueron debidamente considerados en el contrato de asociación público-privada que rige la vía.