El caso se remonta a una denuncia hecha por Uribe contra el senador Iván Cepeda en 2012, a quien acusó de manipular testigos en cárceles para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, tras investigar, la Corte Suprema no solo absolvió a Cepeda, sino que decidió abrir una investigación contra Uribe, al encontrar indicios de que él y su defensa legal estarían intentando manipular testimonios a su favor.
En ese contexto, su abogado en ese entonces, Diego Cadena, fue señalado de ofrecer dádivas y beneficios a exparamilitares presos para que cambiaran su versión y declararan a favor de Uribe. El expresidente insiste en que nunca dio instrucciones para esos actos y que todo fue parte de una estrategia legal legítima.
La fase final del juicio terminó el pasado 8 de julio de 2025 con los alegatos de cierre. La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, anunció que el veredicto se dará a conocer el lunes 28 de julio a las 8:30 a.m.
Este fallo será histórico, pues por primera vez un expresidente colombiano podría ser condenado por delitos comunes ante la justicia ordinaria.
Álvaro Uribe no es solo un expresidente (2002-2010), sino una figura clave en la política colombiana de los últimos 25 años. Es fundador del partido Centro Democrático, mentor del expresidente Iván Duque y líder influyente de la derecha en Colombia.
Su estilo de gobierno, conocido como la “seguridad democrática”, fue respaldado por millones de colombianos, pero también duramente cuestionado por organismos internacionales y sectores sociales por presuntos vínculos con estructuras paramilitares.
Este juicio no solo pone a prueba a la justicia colombiana, sino que también ha dividido al país entre quienes lo consideran un héroe nacional y quienes lo ven como responsable de graves violaciones a los derechos humanos.