El pasado sábado 7 de junio, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá mientras participaba en un evento político en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. El ataque dejó al político gravemente herido con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Su estado de salud sigue siendo crítico y permanece bajo estricta vigilancia médica en la Fundación Santa Fe.
El hecho conmocionó al país, no solo por la gravedad del atentado, sino también por las presuntas fallas en su esquema de seguridad, que rápidamente se convirtieron en el foco de la controversia. La familia de Uribe, a través de su abogado Víctor Mosquera, presentó este lunes una denuncia penal contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones.
La reducción inexplicable de su seguridad
Según la denuncia, la UNP habría desatendido múltiples solicitudes de reforzamiento del esquema de seguridad de Uribe Turbay, pese a que desde enero de este año se enviaron al menos 23 solicitudes formales advirtiendo el alto riesgo que enfrentaba el político. Incluso, dos de estas solicitudes se habrían realizado solo dos días antes del atentado.
El día del ataque, el esquema de seguridad de Uribe fue reducido drásticamente. De contar con siete escoltas y dos vehículos blindados, ese sábado apenas tenía tres agentes asignados y un solo vehículo. Para la familia, esta reducción no solo fue injustificada, sino que pudo haber sido determinante en la gravedad del ataque.
“El doctor Miguel Uribe había advertido reiteradamente las amenazas que pesaban sobre él y solicitó el fortalecimiento de su seguridad. La respuesta institucional fue la indiferencia”, afirmó el abogado Mosquera al presentar la denuncia.
La defensa de la UNP
Por su parte, Augusto Rodríguez, director de la UNP, defendió la actuación de la entidad. Rodríguez explicó que la reducción del esquema obedeció a que no se informó oficialmente que Miguel Uribe había iniciado su campaña presidencial, lo que habría activado un proceso de reevaluación de su nivel de riesgo. Además, argumentó que las solicitudes recientes solo buscaban apoyos temporales y no un reforzamiento estructural.
Sin embargo, estas declaraciones no convencieron a la familia ni a varios sectores políticos, que consideran que hubo una grave negligencia.
Avances en la investigación
El atentado está siendo investigado como un intento de homicidio agravado. El atacante, un menor de 15 años, fue capturado en el lugar de los hechos y actualmente enfrenta cargos por porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. La Fiscalía también abrió una línea de investigación sobre una posible red criminal detrás del ataque, ya que se sospecha que el joven fue instrumentalizado.
El arma utilizada, una pistola Glock, fue rastreada hasta su ingreso legal a Colombia en 2020 desde Estados Unidos, lo que abre interrogantes sobre cómo llegó a manos del atacante.
El fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que también se investigarán posibles omisiones por parte de las autoridades encargadas de la protección de Uribe Turbay.
Reacciones y llamado a reforzar la seguridad
El atentado ha generado una ola de solidaridad hacia la familia Uribe Turbay, pero también encendió las alarmas sobre la seguridad de los candidatos en el actual clima electoral. Líderes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, han exigido reforzar los esquemas de protección y revisar los protocolos de la UNP para evitar que se repitan este tipo de hechos que recuerdan los oscuros años de violencia política en Colombia.
El presidente Gustavo Petro, aunque rechazó el atentado, también hizo un llamado a desescalar los discursos de odio y a garantizar que todos los candidatos puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de seguridad.
Un tema que marcará la campaña
El caso de Miguel Uribe Turbay no solo se convirtió en una tragedia personal y familiar, sino que amenaza con convertirse en un tema central de la campaña presidencial. La denuncia contra la UNP abre un debate profundo sobre la eficacia del sistema de protección del Estado, especialmente cuando se trata de figuras políticas que enfrentan amenazas reales y crecientes.
La familia espera que las investigaciones avancen con celeridad y que se tomen las medidas necesarias para que este episodio no quede en la impunidad.